En ocasión de la reforma al Código Procesal Penal dominicano, la cual se ha aprobado en el Congreso Nacional de la República, nos percatamos de que uno de los aspectos más neurálgicos de esta modificación, probablemente lo constituirá el hecho de que, en lo adelante querellarse contra un funcionario público que incurra en una falta en el desempeño de sus funciones no será posible, surgiendo en nosotros una interrogante que no podemos postergar:
¿Estaríamos hablando entonces, de una especie de inmunidad parlamentaria para los funcionarios públicos?
Constituye un grave desatino que luego de haber logrado un nuevo Código Procesal Penal en el año 2002, tras muchos años de impartir justicia con un código de procedimiento criminal basado en el sistema inquisitorio, hoy doce años después, la primera enmienda que se le haga a esa pieza normativa se haya efectuado en una única lectura por el Congreso Nacional, suprimiendo el tercer párrafo del articulo 85, que reconoce la prerrogativa que tiene todo ciudadano de querellarse contra un funcionario público cuando en el ejercicio de sus funciones ha violado la Ley.
Sin duda alguna, República Dominicana que con la Constitución del año 2010 se ha colocado en el mapa de los países mas progresistas en términos sustantivos, con una Carta Magna que ha sido reconocida por expertos internacionales como una de las mejores del hemisferio, esta corriendo el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad evidente que se puede traducir en un lamentable retroceso del Estado social, Democrático de Derecho, máxime cuando en estos tiempos se habla de fortalecer los mecanismos y procedimientos que garantizan la transparencia en la gobernanza de la Administración Pública dominicana. Sin embargo, esta Constitución sería flagrantemente violada en su artículo 22 que reconoce el derecho de los ciudadanos a denunciar las irregularidades de los funcionarios en el desempeño de sus funciones.
Una muestra de estos mecanismos e instrumentos que se están trabajando de cara a fortalecer la transparencia es, el llamado Código para el Buen Gobierno que aparte de evitar la ocurrencia de conflictos de intereses en la función pública, vendría a fundamentar el ejercicio de un Buen Gobierno amparado en altos niveles de participación ciudadana, por lo que la aprobación de la pieza legislativa del CPP no debe ser promulgada por el Mandatario, ya que en todo caso, la tendencia debe ser a fortalecer mecanismos de prevención de corrupción, no a disminuirlos, mucho menos eliminarlos.
Es necesario destacar que no todo esta perdido, en nuestro amplio cuerpo de legisladores, que en términos proporcionales de territorio y población sobrepasa la cantidad de países tan desarrollados y tan grandes territorialmente como China, Rusia y Japón, contamos con legisladores serios y responsables que ejercen y han ejercido la función legislativa como un verdadero postulado de vocación de servicio a intereses colectivos y no particulares.
Un autentico ejemplo de esto lo ha sido el pasado Diputado por la Provincia de Santo Domingo, Dr. Elso Segura Martínez, quien en fecha del 15 de mayo del 2007, remitió una carta al otrora Presidente de la Cámara de Diputados, Julio Cesar Valentín, solicitando incluir un Anteproyecto de Ley que brinde algún instrumento de protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Evidentemente, el nombre del también Catedrático Elso Segura Martínez no debe resultar desconocido, pues además de tener una larga trayectoria pública también fue el primer diputado que denunció públicamente las irregularidades en la compra de los famosos aviones Supertucanos.
Exhortamos al señor Presidente de la República Danilo Medina poner una vez más, sus oídos en el corazón del pueblo y escuchar los latidos por el reclamo de una Administración Pública más transparente, más pulcra y más ética, escuchar los latidos de un pueblo por una renovación de Gabinete desgastado por el tiempo a casi dos años del Gobierno, al mismo tiempo que reconocemos que los Funcionarios que están haciendo el trabajo no deben ser cambiados (continuar con lo bueno). Todo lo anterior, para que pueda casarse con la gloria el Presidente dejando un legado histórico al vetar y devolver el CPP, como ya ha dejado un legado con temas como la Barrick Gold.
Hoy leía en el periódico “Correa renueva Gobierno en Ecuador”. Pensé: Igual que en mi país.
Geovanny Vicente Romero
Abogado y politólogo.
@geovannyvicentr
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