La Participación Ciudadana despertando.

La participación ciudadana de los dominicanos y dominicanas,  a través de los actores sociales como la Coalición Digna por la Educación, la Plataforma No a la Cementera, Justicia Fiscal, Participación Ciudadana,  entre otras, han venido ganando espacio de manera paulatina con su  incidencia en la toma de decisiones del país,   en  algunos temas que afectan directamente el desarrollo de  la Nación y  que por tradición se manejaban de manera unilateral desde las instancias de Gobierno, con lo cual se han venido instaurando los cimientos para un Estado Democrático y Derecho en  la República Dominicana. Los avances logrados en el nivel de empoderamiento ciudadano han tenido un carácter de primer orden para la transformación del Estado dominicano en uno de concertación, orientado a un Gobierno Abierto, participativo y de colaboración ciudadana cuyo objetivo debe ser el Estado y la Sociedad trabajando juntos.

Un ejemplo palpable de esta situación fue la gran unidad lograda por todas las organizaciones de la sociedad civil en pro de la implementación del 4% del PIB para la Educación,  donde estas organizaciones jugaron un papel estelar y lograron un despertar de la participación ciudadana en estos procesos y un involucramiento de la población en el diseño y ejecución de la política educativa, como motor de desarrollo de todo país.

Este despertar, vale indicar que  ha sido evidente en la lucha por la potencialización  de la igualdad de género en República Dominicana. Por otra parte, movimientos como Justicia Fiscal nacieron producto del factor indignación que tiene la ciudadanía con el gasto público desmedido, es decir, el descontrol del dispendio. Hablar de participación significa que las personas sean  parte integral  de los procesos  sociales, económicos y políticos, siendo estos tomados en cuenta en las decisiones que se tomen al respecto.

En este sentido, la discapacidad no ha sido la excepción en nuestro país, pues estas entidades civiles han aunado sus esfuerzos a los fines de obtener el reconocimiento de la dignidad e integridad humana de las personas que la padecen, logrando que las personas con discapacidad puedan ejercer  su derecho a la habilitación  y a la participación pública, así como a la educación e igualdad de oportunidades a la inserción laboral. En orden, la Ley No. 42-00 sobre Discapacidad es una conquista para el sector de la sociedad dominicana en mayor desventaja de oportunidades.

Podemos citar la discriminación como el principal factor que genera esta lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de los discapacitados, que va desde el acceso a la educación hasta las dificultades sufridas para acceder al transporte público o entrar a las instituciones publicas que carecen de mecanismos para la entrada de sillas de ruedas. Sin embargo, la discriminación es uno de las factores de indignación, aunque  pienso que el mas importante es la unidad lograda entre estas organizaciones,  que han logrado la definición de  intereses por causas comunes.

Otro factor  muy fundamental en términos de participación ciudadana,  ha sido la creación del marco normativo que viene a dar  legitimidad legal a las luchas reivindicativas, a  través de un conjunto de leyes como la Ley General de Educación, la Ley General de Salud,  la Ley de Libre Acceso a la Información,  la Ley de Planificación e Inversión Publica y recientemente, la Ley de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos frente a la Administración Publica y Procedimiento Administrativa. Cuenta esta ultima normativa inicie su sensibilización con los ciudadanos y el respeto a su aplicación, tendremos un instrumento público paradigmático para toda Iberoamérica. 

Todos estos acontecimientos adquieren mayor fuerza en los días de la llamada Primavera Árabe que fue el despertar de los pueblos de ese hemisferio,  donde se  levantaron y ocuparon las plazas públicas llegando a derribar los gobiernos de la región, por el reclamo del cese a los  abusos que por años mantuvieron mermadas sus respectivas democracias. Dicho movimiento fue un reflejo de lo ocurrido con los indignados de España y los indignados de Wall Street.

No hay duda que, uno de los avances obtenidos hasta la fecha ha sido la figura  del presupuesto participativo a nivel municipal,  dando la oportunidad a los munícipes de participar en las reuniones de discusiones para determinar el destino del presupuesto establecido para las obras de gran impacto municipal.

La participación de la sociedad civil se ve reflejada en lo que la legislación municipal denomina Cabildo Abierto,  que es el descenso que hace la Sala Capitular para que sus sesiones puedan efectuarse de manera abierta, pública y participativa.

Vale destacar que,  nuestra Carta Magna en su artículo 251 establece el Consejo Económico y Social,  diciendo que la concertación social es un mecanismo  esencial para asegurar  la participación organizada de empleadores,  trabajadores y otras organizaciones de la sociedad  en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.

Finalmente, la misma Carta Sustantiva en su articulo 272 instituye el Referendum  aprobatorio  para aspectos específicos ante una reforma constitucional y dejando el procedimiento para que este se realice de manera participativa con el conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional Revisora.

Geovanny Vicente Romero

Abogado y Politólogo

Medios Legales de Participación.

• Constitución de la República. 
• Ley No.19-01 del Defensor del Pueblo.
• Decreto No. 38-03 sobre Auditoría Social de ONG, medio de la comunidad para la defensa del gasto social.
• Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.
• Ley No. 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en República Dominicana.
• Índice del Reglamento No. 40-08, de fecha 16 de enero de 2008, para la Aplicación de la Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana.
• Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
• Ley No. 437-06, sobre Recurso de Amparo relacionado con los derechos y garantías constitucionales.

• Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
• Ley No. 170-07 de Presupuesto Participativo Municipal.

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